martes, 22 de febrero de 2011
El Senado de la República aprobó en lo general, con 84 votos a favor y 15 en contra, el dictamen que expide la Ley de Migración, la cual establece la obligación del Estado mexicano de garantizar igualdad de trato a los migrantes en el ejercicio de todos sus derechos, independientemente de su situación migratoria.
APRUEBA SENADO EN LO GENERAL NUEVA LEY DE MIGRACIÓN
El Senado de la República aprobó en lo general, con 84 votos a favor y 15 en contra, el dictamen que expide la Ley de Migración, la cual establece la obligación del Estado mexicano de garantizar igualdad de trato a los migrantes en el ejercicio de todos sus derechos, independientemente de su situación migratoria.
Así, derechos fundamentales como el acceso a los servicios educativos, de salud, procuración e impartición de justicia, unidad familiar, información y reconocimiento de su personalidad jurídica, serán protegidos a favor de los migrantes sin importar su estatus migratorio.
Además, para atender a persona en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes, se instituye la obligación de la autoridad de tomar en cuenta su edad y privilegiar su interés superior en todos los procedimientos.
La Ley tiene como objetivo facilitar y garantizar la movilidad de los migrantes por territorio nacional, en condiciones de respeto a su vida y dignidad, al ubicarlos como verdaderos sujetos del desarrollo local y global, y no como un peligro o amenaza para las comunidades por donde transitan, asientan o encauzan sus esfuerzos y trabajo.
En el dictamen avalado por el Pleno, se destaca que una de las aportaciones más importantes de esta reforma sustancial al sistema migratorio vigente lo constituye la creación de tres grandes grupos de condiciones de estancia: visitante, residente temporal y residente permanente.
Con ello, se sustituirán a las más de treinta calidades y características migratorias que actualmente se contemplan en la Ley General de Población, se explica en el documento.
Los legisladores esperan que con esta simplificación se contribuya al ordenamiento de los flujos migratorios e incentivar el ingreso de extranjeros que puedan traer consigo inversión, generación de empleos y fuentes de ingreso.
En este sentido, también se eleva a rango de ley al Instituto Nacional de Migración, el cual será la instancia encargada de instrumentar y ejecutar la política migratoria, así como fundamentar el sistema de profesionalización y certificación de su personal a través de un Centro de Evaluación y Control de Confianza.
Los senadores consideraron que esto último cobra más relevancia ante la problemática que ha enfrentado el Instituto en los últimos años, debido a que algunos de sus colaboradores han sido acusados o involucrados en contubernios con bandas de traficantes de indocumentados.
Además, se establece que el Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación celebrará convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y los particulares, a fin de que participen en el funcionamiento de los grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional.
Con lo anterior --se explica en el documento-- se da sustento legal a los grupos BETA y a los Oficiales de Protección a la Infancia, que se han destacado por su desempeño en labores de rescate, asesoría, asistencia, atención especial y trato humanitario a los migrantes mexicanos y extranjeros.
Los senadores también incluyeron un sistema de sanciones para los servidores públicos del INM, personas físicas y morales que violen los derechos humanos de los migrantes y se aplicará una multa al funcionario que les niegue la prestación de los servicios o el ejercicio de los derechos previstos en esta ley.
Detallaron los medios comisivos para la tipificación del delito de tráfico de indocumentados y consideraron como agravante el inducir, procurar, facilitar u obligar a niñas, niños y adolescentes o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, bajo la disposición de que el delito habrá de perseguirse de oficio.
También, se dan facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para que, a través de la Policía Federal lleve a cabo revisiones migratorias en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, en coordinación con el INM.
Al fundamentar el dictamen, el senador panista Humberto Andrade Quezada aseguró que el fenómeno migratorio hoy en día “nos encuentra rebasados y con un marco normativo que no está a la altura de ello”.
En este sentido, precisó que en un tema tan sensible y controversial como éste, es muy difícil llegar al 100 por ciento de los consensos “pero créanme que estamos creando una visión diferente respecto al migrante como sociedad”.
Aclaró que se busca cuidar los derechos de los migrantes y acotar “con mucha claridad” la función de las autoridades, repartir funciones y atribuciones, a fin de evitar cualquier intento de criminalización hacia ellos.
En tanto, el senador priista Francisco Herrera León aclaró que este dictamen establece la definición de una política migratoria del Estado mexicano que “hoy ha estado ausente”, además de que instruye de manera clara el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Sin embargo, precisó que su bancada no está de acuerdo en criminalizarlos, “ni tampoco podemos estar de acuerdo en sancionar a quienes desde nuestro país, desde los estados de la frontera sur, en el centro, en el norte, les ofrecen oportunidades de trabajo a los migrantes”.
Por ello, propuso acotar de manera “muy clara” las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que sea el INM quien asuma a plenitud las facultades que por ley tiene.
A su vez, el senador perredista Tomás Torres Mercado resaltó que “México no puede pedir, plantear, ni dictar reglas inferiores al estándar que planteamos para nuestros connacionales en Estados Unidos”.
Al respecto, se pronunció por concretar una política de Estado para atender “un fenómeno que es una realidad en las fronteras norte y sur del país”, a fin de tutelar los derechos humanos de migrantes y transmigrantes.
Al hablar en contra del dictamen, el senador petista Ricardo Monreal Ávila afirmó que con este dictamen se estará dando paso a una ley hostil, persecutoria, policiaca, que criminaliza la migración, al darle facultades indebidas, excesivas, inconstitucionales, a la Policía Federal.
No sólo eso, México se convierte en un vigilante extramuros, pues ya no sólo seremos el patio trasero, sino la antesala que revise el derecho de admisión a los Estados Unidos, agregó.
Advirtió que se convertirá al país en una “incómoda antesala” porque son los intereses de Estados Unidos los que privan para que México sea un revisor previo a su país.
Por el PVEM, el senador Jorge Legorreta Ordorica manifestó que es necesaria una política migratoria integral, acorde a las necesidades de los migrantes y al contexto económico, político y social.
En su opinión, la carencia de empleo, la caída del ingreso real y los sistemas de migración permanente se apoyan en la falta de oportunidades en el lugar de origen y en atracción de fuentes de trabajo en el lugar de destino.
Expresó su deseo que con esta nueva ley se pueda regular el tránsito de migrantes y se protejan sus derechos humanos.
A nombre de Convergencia, el senador Dante Delgado señaló que el problema de la migración de México hacia Estados Unidos y Centroamérica es resultado de “una política económica global fracasada”.
El neoliberalismo obligó en todas las naciones en desarrollo la aplicación del Consenso de Washington y “no queremos reconocer que la falta de empleos en el país genera la migración de un millón de jóvenes y la tristeza de que más de medio millón son deportados”.
Por Acción Nacional, el senador Rubén Camarillo Ortega consideró que “es un despropósito” afirmar que esta ley criminaliza la migración y sirve a los intereses de Estados Unidos.
Las disposiciones, enfatizó, “sirven a los intereses de los mexicanos y de nuestros hermanos centroamericanos” que atraviesan nuestro territorio para llegar a la nación americana.
Dijo que la determinación de la política migratoria se realizará “tomando en cuenta la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo, así como la seguridad nacional pública y fronteriza.
Por su parte, el senador Pablo Gómez Álvarez, del PRD, aseveró que “un proyecto en el que todos los partidos tienen reservas en particular; tendrían que posponer su votación en lo general, para ver si en el ínter se llegan a acuerdos sobre las reservas de todos”.
Añadió que uno de los defectos que detecta es que la ley le da a la policía la capacidad de sustituir a la autoridad administrativa migratoria.
Por esa razón, particularizó, “no puedo votar a favor de una ley así”. Pidió más prudencia en la aprobación y cuestionó “¿cuál es la prisa?”
Posteriormente, senadores del PAN, PRI, PRD y PT presentaron 126 reservas a diversos artículos tanto de la Ley de Migración, como la de Población y al Código Federal de Procedimientos Penales, mismas que serán discutidas y, en su caso, aprobadas en la sesión de este jueves a petición del senador priista Jesús Murillo Karam.
El dictamen aprobado en lo general también modifica la Ley General de Población, el Código Penal Federal, el Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada, la de la Policía Federal, la de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la de Inversión Extranjera y la General de Turismo.
martes, 22 de febrero de 2011
miércoles, 16 de febrero de 2011
PRIMA DE ANTIGUEDAD DE UN TRABAJADOR
México D. F., 16 de Febrero de 2011
PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE UN TRABAJADOR. DEBE DETERMINARSE CONFORME A SU SALARIO AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL
Así lo determinó la Segunda Sala de la SCJN al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de Circuito.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el monto de la prima de antigüedad debe determinarse con base en el salario que percibía el trabajador al momento en que terminó la relación laboral, por renuncia, muerte, incapacidad o jubilación, y en caso de que aquél exceda del doble del salario mínimo general vigente en esa fecha, esta cantidad se considerará como salario máximo, con independencia de que el pago de esa prestación se haga con posterioridad.
Los ministros consideraron que la prima de antigüedad es un beneficio para los trabajadores, con cargo al patrón, que se genera por el simple transcurso del tiempo y el derecho a su otorgamiento nace una vez que ha concluido el vínculo laboral, debiéndose cubrir en razón al tiempo que el trabajador prestó sus servicios, es decir la antigüedad.
De esta manera, resolvieron una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados de Circuito que estaban en desacuerdo respecto de cuál es el salario que debe tomarse como base para determinar el monto de la prima de antigüedad, contemplados en los artículos 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo.
Dichos artículos prevén el monto mínimo y máximo del salario que debe tomarse como base para el cálculo la prima de antigüedad, toda vez que dicho salario no podrá ser inferior al salario mínimo ni mayor al doble, ya que si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo.
PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE UN TRABAJADOR. DEBE DETERMINARSE CONFORME A SU SALARIO AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL
Así lo determinó la Segunda Sala de la SCJN al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de Circuito.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el monto de la prima de antigüedad debe determinarse con base en el salario que percibía el trabajador al momento en que terminó la relación laboral, por renuncia, muerte, incapacidad o jubilación, y en caso de que aquél exceda del doble del salario mínimo general vigente en esa fecha, esta cantidad se considerará como salario máximo, con independencia de que el pago de esa prestación se haga con posterioridad.
Los ministros consideraron que la prima de antigüedad es un beneficio para los trabajadores, con cargo al patrón, que se genera por el simple transcurso del tiempo y el derecho a su otorgamiento nace una vez que ha concluido el vínculo laboral, debiéndose cubrir en razón al tiempo que el trabajador prestó sus servicios, es decir la antigüedad.
De esta manera, resolvieron una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados de Circuito que estaban en desacuerdo respecto de cuál es el salario que debe tomarse como base para determinar el monto de la prima de antigüedad, contemplados en los artículos 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo.
Dichos artículos prevén el monto mínimo y máximo del salario que debe tomarse como base para el cálculo la prima de antigüedad, toda vez que dicho salario no podrá ser inferior al salario mínimo ni mayor al doble, ya que si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo.
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